Cuando escucho noticias sobre restitución, despojo y concentración de tierras; así como largos “reinados” y prolongación de sujetos en el poder, como si no hubiera mejores formas de usar el territorio o mentes brillantes para administrarlo, sino pura dominación, se vuelve inevitable definir a esta nación colombiana como un reino feudal, trasladada al siglo XXI.
¿Cuántas aldeas, granjas, ganado, villas, fuertes y pueblos caben en 700 mil hectáreas que hoy están en poder de las guerrillas? ¿Qué ha pasado con más de un millón de hectáreas que acapararon por la fuerza los paramilitares? ¿Cómo consiguió el denominado “Clan Ochoa”, una sola familia, del extinto “Cartel de Medellín”, otro millón de hectáreas?
Pero no sólo por obra de la ilegalidad se ha entronizado el poder feudal. Recordemos que mediante una maniobra jurídica el ex senador Habib Merheg, junto con otros amigos adquirieron más de 30 mil hectáreas en los llanos orientales. Cito también denuncias del senador Jorge Robledo de hace casi dos décadas, cuando informaba que la crisis cafetera había aumentado el latifundio porque los pequeños cultivadores quebrados, por la disolución del Pacto Internacional de Cuotas, terminaron vendiendo a precio de huevo sus parcelas a los grandes cafeteros.
Un caso puntual es La Virginia, municipio de Risaralda, que se encuentra sitiado por unos terrenos dedicados al monocultivo de la caña de azúcar, mientras el pueblo urge terrenos para alejarse de las áreas que se inundan.
En cada región se pueden encontrar empresarios o políticos (o personas que se autoproclaman en ambas categorías) quienes se han vuelto latifundistas comprando paramos y logrando concesiones, o áreas protegidas y de cesión, sirviéndose de información privilegiada para abarcar terrenos amplios sólo delimitados por la vista humana.
Sin duda el Presidente Juan Manuel Santos ha dado un golpe de opinión con la denuncia que involucra a uno de los actores armados, pero el problema ha sido históricamente de mayores proporciones y una forma de dimencionarlo es precisamente pensando en esa cruda cifra de 3.5 millones de desplazados que hay en el país.
De esas proporciones debe ser la solución, para acabar con la tendencia feudal tanto de actores del conflicto armado, como de personas que concentran extensiones de terrenos, muchos de ellos baldíos, simplemente por el placer de engordarlos para aprovechar su avalúo y llegado el momento sacar el mayor dividendo en una negociación.
Esos “señores feudales” son un verdadero problema porque su interés riñe con el interés común y le impide al Estado cumplirle a sus ciudadanos.

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